LA JUSTICIA VUELVE A DAR LA NOTA: DESAFORTUNADA

La verdad es que ya nos supera el bochorno de ver como instituciones centenarias siguen en el lodazal de la pésima gestión, vendidas al poder político. Y de esta forma es difícil que se salga de donde jamás debió entrar España: en la senda del escándalo.

Día sí y día también nos levantamos con alguna historia desagradable. ¿Hasta cuando? La última la del caso Pallerols. Algún día habrán fiscales y jueces valientes que serán capaces de levantar las alfombras llenas de mierda de los palacios catalanes.

Y no estaría de más que fuese ya. YA ESTÁ BIEN de avergonzarnos a todos los españoles con todas estas corruptelas y dimitir, aquí nadie dimite. Faltaría más.

Lean el texto que encontré en en mi correo electrónico hace unos días, no tiene desperdicio. Disfrútenlo.

No le falta razón al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, cuando califica de "escandaloso" que la instrucción de las causas judiciales pueda llegar a durar hasta trece años, tal y como ha sucedido en el llamado caso Pallerols, en el que se dilucidaba la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Ahora bien, mucho más escandaloso resulta que casos como este se zanjen con pactos como el que han suscrito este martes la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona y las defensas de los acusados. Dicho acuerdo, que formaliza una sentencia de conformidad no recurrible, supone que la Fiscalía acepta una rebaja de imputaciones y se quita de en medio el delito de malversación, lo que exculpa a dos de los seis acusados y condena al resto a unas penas que van de los siete meses al año y medio de prisión, frente a los entre siete y once años que para todos ellos pidió en su escrito de acusación. Gracias a estas escandalosas rebajas, ninguno tendrá que entrar en prisión.

Causa sonrojo que el fiscal general diga que no ha habido "trato de favor", sin otro argumento que señalar que los condenados van a devolver los 388.000 euros desviados de los fondos públicos. Al margen de que no van a ser los condenados los que devuelvan de su bolsillo ese dinero, sino UDC, que ha aceptado la responsabilidad civil de los hechos delictivos, ¿cómo es posible que se miente la devolución del "dinero desviado" cuando, al mismo tiempo, se defiende una sentencia de conformidad que no reconoce la malversación de esos fondos públicos? ¿Cómo es posible que la Fiscalía acepte rebajar penas de años a meses con los abrumadores indicios que había en contra de los acusados, especialmente en los casos de Lluís Gavaldà, exdirector de Empleo de la Generalitat, y el empresario que le servía de pantalla, Fidel Pallerols?

Para colmo, este asunto, que se zanja con tan nula responsabilidad penal, tampoco va a tener la más mínima consecuencia política. Tal y como era previsible, Duran i Lleida ha desaparecido de escena y parece haberse olvidado de las promesas de dimisión que hizo en el caso de que se demostrara que su partido se había financiado de forma ilegal. La portavoz de UDC, Marta Llorens, se ha limitado a decir que el dinero llegó ilegalmente al partido "sin el conocimiento" de la cúpula. Como si eso, de ser cierto, borrara las responsabilidades políticas in vigilando y las promesas de dimisión de Duran.

Ante este espectáculo bananero, no faltan quienes sospechan que la Fiscalía no ha sido más que una mera correa de transmisión del Gobierno del PP, que buscaría con este trato de favor futuros apoyos para desactivar el aun más delictivo proceso secesionista que se ha desatado en Cataluña. Sea como fuere, hasta el más ingenuo debe de saber que Duran y su partido respaldan este proceso de ruptura, y, en cualquier caso, es una supina estupidez, además de una inmoralidad, tratar de preservar la unidad de España debilitándola como Estado de Derecho. Pero en eso, desgraciadamente, estamos.