Al final llegaremos a la conclusión de que los que están fuera de la ley son las víctimas. Libertad Digital sigue estando en su sitio, con las víctimas.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional niega que haya colaboración con ETA en el chivatazo y dice que el caso debe salir de este tribunal.
Con puntualidad, a las 17:00 horas, ha arrancado el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde se decidirá en los próximos días el futuro inminente del procedimiento judicial donde se investiga el chivatazo a la red de extorsión de ETA.
Durante la vista, celebrada a puerta cerrada, los magistrados -inicialmente iban a ser 15 jueces pero al final son 14, puesto que la magistrada Ángeles Barreiro se ha tenido que ausentar por motivos familiares- deberán determinar si detrás del chivatazo a ETA que se dio el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa –el presunto cobrador de la banda terrorista- hubo o no un delito de colaboración con banda armada. De ello depende, que el caso Faisán sea enjuiciado en este órgano judicial especializado en delitos de terrorismo o que la causa se vaya a los juzgados de instrucción de Irún.
En las cuatro horas que se ha prolongado el pleno han intervenido, en primer lugar, las defensas de los tres acusados: el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al inspector de Policía, José María Ballesteros, y Enrique Pamiés, jefe Superior de la Policía del País Vasco.
Los abogados de los tres procesados han solicitado el archivo de las actuaciones argumentando que sus representados no participaron en la delación, que la defensa de Ballesteros atribuye al equipo policial dirigido por Carlos Germán, que investigaba el aparato de extorsión y persiguió el chivatazo tras su comisión.
Por su parte, la abogada de Pamies, María Ponte, ha señalado que "no vamos a discutir la competencia, vamos a defender que no hay indicios de que nuestros representados cometieran actos delictivos". Ponte ha recordado además que "un solo día de condena" para su cliente supondría "su expulsión del Cuerpo Nacional de Policía". Esta parte, además, ha pedido que se anulen como pruebas la conversación de Elosua con su yerno y todas las intervenciones telefónicas entre los procesados que obran en la causa, al entender que para su obtención se quebró la cadena de custodia.
Una vez escuchadas las partes, la Sala –presidida por Javier Gómez Bermúdez- ha escuchado los argumentos del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien ha intervenido junto a Carlos Bautista, el fiscal asignado a este caso. Este discurso ha sido el que más ha enervado a las acusaciones populares por el tono y las afirmaciones de Zaragoza.
En su exposición, los representantes del Ministerio Público han señalado que "los hechos que se imputan son delictivos pero no pueden ser considerados como un delito de colaboración con organización terrorista, sino un delito de revelación de secretos del art. 417 CP que castiga al funcionario público que revele informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con grave daño para la causa pública". Mientras que la colaboración está penada hasta con diez años de cárcel la pena máxima para la revelación de secretos es de tres años.
Además, para apoyar su tesis la Fiscalía ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional es "unánime" a la hora de exigir como "requisitos del delito de colaboración con organización terrorista una cierta adhesión ideológica, y una intención específica de favorecer y beneficiar las actividades y finalidades de la banda terrorista, circunstancias que no se dan en el presente caso, lo que excluye la calificación del hecho como delito terrorista".
A lo largo de su intervención, Javier Zaragoza ha insistido de forma constante en que los tres acusados no trataban de "ayudar" a la banda y ha recalcado que no existe "un dolo específico" contra ellos como para afirmar que colaboraran con la banda criminal. De esta forma, el Ministerio Fiscal entiende que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar la escandalosa delación policial y ha pedido al tribunal que se inhiba a favor de Irún.
Pese a la minuciosa instrucción desarrollada por el juez Pablo Ruz, Javier Zaragoza ha llegado a afirmar que "los indicios racionales que existen contra los tres procesados son de debilidad extrema".
Tras el turno de la Fiscalías, las acusaciones populares –AVT, DyJ y el PP- han vuelto a sostener que sí hay indicios suficientes de que se colaboró con la ETA cuando se le dio la filtración al encargado de su red de extorsión, Joseba Elosúa.
Después de escuchar estas alegaciones los magistrados de la Sala de lo Penal (todos excepto Guillermo Ruiz Polanco, Alfonso Guevara y Clara Bayarri, los tres jueces que integrarían el tribunal que juzgaría el chivatazo en la Audiencia y que, por lo tanto, ahora se abstendrán para no contaminarse, junto a la mencionada Barreiro) comenzarán a deliberar sobre el asunto aunque todo apunta a que estas conversaciones comenzarán mañana miércoles.
El tribunal está encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y constituido por otros cuatro magistrados de la Sección Primera (Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda); cinco de la Segunda (Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada); y otros cuatro de la Cuarta (Ángela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González).
El Pleno de la Sala de lo Penal acudirá a la deliberación con una máxima división en relación con este asunto, ya que el número de magistrados del llamado corte progresista y el conservador está muy igualado. Los primeros serían partidarios de no considerar el chivatazo como un delito de colaboración con organización terrorista, mientras que los jueces del sector conservador se decantarían por mantener la causa en la Audiencia Nacional. Lo cierto es que aunque las votaciones son secretas no es descabellado pensar que se podría producir incluso un empate técnico 7 contra 7.
Prueba de que la decisión a adoptar será fruto de una larga negociación es que sus señorías han habilitado varios días de esta semana para continuar celebrando el Pleno. Éste se reanudará a las 9 de la mañana de este miércoles.
El ponente de la resolución será el magistrado José Ricardo de Prada, quien en un voto particular ya manifestó que según su opinión el chivatazo estaba justificado por la negociación que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantenía en esos momentos con la banda criminal.
